El viernes 8 de agosto pasado nuestras playas amanecieron sucias. No es la primera vez, y si no podemos controlar las actividades de alto riesgo ambiental, no será la última. Esta vez fueron restos de hidrocarburos, dispersos como una huella digital que nadie se apura a identificar: Ocean Park, Sauce de Portezuelo, El Chorro, José Ignacio. La lista creció como crece la marea.
Normalmente, este tipo de episodios pasa desapercibido al principio. Cuando el petróleo se convierte en mancha y llega a la arena, volvemos de la playa con los pies negros y lo vemos como un problema ya consumado del crecimiento y desarrollo comercial. Esta vez el mar tuvo ayuda, porque los responsables de la contaminación tuvieron la mala suerte de que el Dr. Omar de Feo y su equipo, posiblemente el equipo científico más calificado del país en el tratamiento de costas, trabajaban con los vecinos en el proyecto escenificación de la costa en Sauce de Portezuelo. Un proyecto que posteriormente se extendería también a otras localidades.
En esa mañana terriblemente fría, con un clima hostil, científicos y vecinos se encontraron con las manchas de petróleo.
Se encontraba presente Fernando Niggemeyer, secretario de la Asociación de Sauce de Portezuelo. En el grupo estaban presentes también funcionarios de la dirección de ambiente de la IDM y del Ministerio de Ambiente, que inmediatamente dieron la alerta. Virginia Villarino, Directora de Medio Ambiente de la IDM, dio rápida respuesta y seguimiento al evento.
En el pasado hemos señalado en varias oportunidades que la IDM suele responder tarde y sus respuestas han sido en general cuestionadas por los sectores ambientalistas. Pero esta vez, es justo admitir que reaccionó rápido y de manera efectiva, haciendo todo lo que estaba a su alcance y el de su jurisdicción en la coordinación y comunicación del caso.
Lo que sabemos por versiones circulantes, es que los restos de un derrame deben ser retirados por ANCAP para su análisis. Eso es curioso, porque eventualmente podría darse el caso hipotético que el responsable de este o cualquier otro derrame hubiera sido la misma petrolera estatal. En ese caso, se estaría investigando a sí misma y eventualmente podría estar retirando todas las pruebas del lugar. Pero esto es algo que no podemos confirmar; es solo una opinión basada en las versiones circulantes.
Días después, siguieron apareciendo manchas en distintos puntos de la costa. Hubo versiones que sospechaban sobre la boya petrolera de ANCAP y el mal funcionamiento de una válvula. También hubo versiones que el derrame podría provenir de un petrolero maltés. ANCAP negó que se tratara de una válvula de sus instalaciones. Por lo demás, sin noticias.
Ninguna de estas versiones tiene confirmación absoluta. Son referencias de la situación y, sobre todo, un ejemplo de la falta de información y comunicación. Sin embargo, nos brinda mucho material para analizar. Nadie sabe de qué se trata o si sabe, no lo dice.
ANCAP retiró los restos de petróleo de las playas para su análisis. Sin embargo, todavía no existe respuesta de los análisis realizados, lo cual aumenta exponencialmente la incertidumbre. La Red Unión de la Costa realizó un comunicado el 14 de agosto en relación a los derrames, cuestionando la falta de información al respecto, habiendo transcurrido varios días de los hechos, y exhortando a que se haga pública la información del caso. Les recomiendo que lean el comunicado.
Más allá de esta situación puntual, ANCAP debería ser auditada de forma independiente sobre la seguridad de sus procesos, instalaciones, capacidad de prevención y respuesta ante estos eventos. A todos nos preocupa que la empresa tenga un control eficiente de sustancias peligrosas para el ambiente y la salud pública, y una comunicación abierta y efectiva sobre los incidentes que ocurran. Siempre, desde mi punto de vista, la respuesta es la misma: control, control y más control calificado e independiente.
Empresas que, por error, omisión o accidente, producen derrames o pérdidas en nuestras áreas marinas bajo jurisdicción y/o territorio deberían enfrentar multas enormes y, esperamos, que, si corresponde por la ley vigente, cargos criminales para sus responsables. Todos esperamos y confiamos que los contratos suscriptos por el gobierno, por medio de ANCAP, con privados u otros estados, cuenten con todos los recaudos necesarios para protegernos de estos eventos y poder obtener las compensaciones, multas e intereses suficientes por el riesgo que corremos. Incluso la resolución inmediata del contrato por incumplimiento de cualquiera que maneje sustancias peligrosas para nuestro ambiente y nuestra salud, y produzca daños y perjuicios de cualquier índole, sin perjuicio de la responsabilidad que eventualmente le pueda caber a la misma ANCAP.
Pero no nos confundamos: las multas, por altas y punitivas que sean, no pueden compensar la destrucción del ambiente y la salud.
Si aceptamos industrias que manejan riesgos desproporcionados a nuestra capacidad de fiscalización, vamos a ver cada vez más desastres ambientales. Todos conocemos lo ocurrido con las papeleras, presentadas como “la panacea de la inversión extranjera”. Muy a menudo los incidentes ocurren y, cuando son descubiertos, se aplican multas simbólicas, como la de un derrame de ácido sulfúrico en el río Uruguay. ¿Cómo podría compensar el dinero que pagaron de multa la presencia de ácido sulfúrico en el río?. No puede.
Ahora, cambiando de escenario, la muerte de decenas de pingüinos, lobos y peces, y la contaminación de playas y agua en Maldonado denunciadas por vecinos y por la organización SOS Fauna Marina, muestra un patrón claro: los incidentes ocurren, el impacto no tiene un responsable claro, por lo menos hasta el momento. La comunicación oficial opera como descargo y la sanción, si alguna vez se encuentra al responsable, es simbólica.
Y si no les alcanzó, acá viene la prospección sísmica.
La prospección sísmica es un método industrial que utiliza potentes ondas de sonido para explorar el subsuelo marino en busca de petróleo y gas. Estas ondas generan un ruido extremo que atraviesa todo el océano, alterando la comunicación, alimentación y migración de ballenas, delfines y otras especies marinas. Además, puede afectar ecosistemas frágiles y poner en riesgo la biodiversidad, convirtiendo lo que debería ser un mar vivo en un espacio ruidoso, estresante y vacío, un espacio muerto.
Los efectos de la prospección sísmica son independientes de que se descubra o no petróleo o gas. En otras palabras, la destrucción nos la dejan igual.
La Zona Económica Exclusiva (ZEE) es el área del mar que se extiende hasta 200 millas náuticas desde la línea de base de la costa, donde Uruguay tiene derechos exclusivos para explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, presentes en el agua, el fondo y el subsuelo marino.
Hay un grupo de empresas gestionando autorización ambiental ante el Ministerio de Ambiente para realizar prospección sísmica en nuestra Zona Económica Exclusiva, según dicen las mismas empresas, convocados por ANCAP.
Permitir prospección sísmica y perforación petrolera en nuestras aguas no es solo una contradicción: es una renuncia, o, siendo benevolentes, un acto de ignorancia brutal que pagaremos por generaciones.
No se trata solo de los efectos demoledores sobre la fauna marina y los ecosistemas en la etapa de prospección. También debemos asumir los que vendrán con la eventual explotación posterior: derrames, fugas, destrucción de flora y fauna marina, contaminación extrema, riesgo para la salud pública y afectaciones económicas vinculadas al turismo, entre otras, sino del riesgo estructural: abrir la puerta a una actividad cuyo impacto excede por mucho nuestra capacidad de control y respuesta, es invitar a catástrofes ambientales inmanejables.
Tomando en cuenta los cuatro proyectos sobre los cuales se tiene conocimiento, buscan el negocio y la autorización ambiental, se podría encontrar comprometida inicialmente entre el 50% y 60% de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). La magnitud de esta aventura suicida está siguiendo procesos pensados para eventos de menor impacto. No podemos avanzar así. Estamos analizando y discutiendo el futuro y los bienes patrimoniales de la República y de los uruguayos, incluyendo el ambiente y la salud pública.
Se está siguiendo el mismo proceso que el Ministerio de Ambiente aplica para solicitar la autorización para construir una casa en la playa. Con la diferencia que acá, entre todos los interesados, insisto, según ellos convocados por ANCAP, están pidiendo autorización para hacer prospección sísmica en la mayor parte de la ZEE uruguaya. Eso es ni más ni menos donde estamos parados.
El proceso seguido analiza la presentación de cada una de las cuatro empresas en forma individual. Sin embargo, el estudio de los impactos acumulativos de todas las actividades combinadas, el tiempo de desarrollo y la intensidad de las mismas, entre otras cosas, no puede estar fuera de la ecuación, como dijo el Dr. Daniel Gilardoni en su presentación en la audiencia pública del 5 de agosto de 2025.
Hay algo que a todos nos llama la atención. No importa por dónde apretes el pomo, sale el nombre de ANCAP. No les parece aterrador que esta empresa tenga la potestad para convocar a otras empresas, firmar contratos y, si estas logran la autorización ambiental, realizar la prospección sísmica de toda nuestra ZEE y eventualmente explotarla de la manera que acuerden. ¿Se dan cuenta del tipo de poder que recae en manos de un grupo muy pequeño de funcionarios? Sigamos un poco más. Asuntos de esta magnitud ¿no deberían ser objeto de análisis y decisión del Congreso de la República a pleno? y, por supuesto, de un plebiscito nacional.
No voy a ingresar en las consecuencias que podría tener autorizar la prospección sísmica y la posterior explotación de nuestra ZEE, porque fue ampliamente tratado en la audiencia pública por personas de muy alta capacitación, tanto científica como humana, que a mi criterio agotaron lo que puede decirse al respecto.
Me preocupan muchísimo las fallas en la estructura de gobernanza política que pone de manifiesto esta situación.
No tiene que ver con este gobierno, sino con la estructura del Estado y su funcionamiento, que llevando el proceso administrativo a un extremo ridículo puede darnos situaciones como ésta.
No se trata solamente de oponerse a un proyecto que podría generar daño ambiental grave de una magnitud nunca vista en este país.
Se trata de oponerse a un entramado jurídico que, llevando el proceso administrativo a un límite extremo, podría eventualmente aprobar esta actividad.
Figurativamente, si alguien necesitara, para su actividad, detonar un artefacto nuclear bajo el mar, no habría gran diferencia en el trámite administrativo. Y como ustedes saben, si hay trámite, existe una posibilidad real de que se apruebe.
Este proceso requiere un control extremo por parte de la ciudadanía, por que podría terminar con la entrega de la ZEE uruguaya a un grupo de empresas. Pero algo me dice que sólo vemos una pequeña parte de ese iceberg. Los efectos secundarios podrían ir desde la afectación negativa de la fauna marina y ecosistemas asociados, la destrucción de la actividad pesquera, la afectación del turismo, la caída de valores inmobiliarios, así como una catarata de efectos nocivos no valorados al día de hoy, porque no existe información al respecto. Desde mi punto de vista, todo esto podría significar la pérdida de soberanía y la generación del daño ambiental más importante en la historia del país.
Es muy importante la explicación del Dr. Daniel Gilardoni en la audiencia pública, referido a la relación entre las superficies de nuestra costa y ZEE con la de otros países. No es lo mismo autorizar prospección sísmica para un país como Estados Unidos, Brasil o Argentina, por la relación del área afectada versus el tamaño de sus áreas marinas bajo jurisdicción, que para Uruguay, donde sumando todas las áreas en juego podría verse comprometida la mayor parte de nuestra ZEE.
La lección internacional es dolorosa pero sencilla: no se trata de administrar el desastre, sino de evitarlo, y para eso lo mejor es no invitarlo. Si el Estado no puede controlar industrias altamente riesgosas para el ambiente que ya están aquí, como las papeleras, no tiene sentido abrir la puerta a actividades aún más riesgosas.
En política, como en medicina, hay principios: primero, no dañar; segundo, no aceptar riesgos que no podemos cubrir.
Uruguay debe aplicar un criterio básico de capacidad de carga institucional: solo permitir lo que trae beneficios muy significativos en relación a todos los costos sociales y ambientales que genera, lo que podemos cancelar rápidamente sin incurrir en incumplimientos, lo que podemos monitorear, fiscalizar y sancionar. Lo demás es soberanía perdida y daños que no podremos evitar ni mitigar, solo podremos padecerlos.
No se trata de cerrar el país ni de vivir de nostalgia. Se trata de entender que la inversión extranjera no es un tótem intocable: es un contrato social que debe incluir garantías ambientales y sociales reales, no cláusulas decorativas. Decir “no” a una industria de alto riesgo no es un gesto romántico ni una pérdida económica, es una política pública de supervivencia. No podemos perder lo que jamás aceptaríamos por el daño que puede producirnos.
Atentos, no tenemos poder para enfrentar determinados polos de intereses. Admitámoslo. Y actuemos en consecuencia: sin ese poder, lo único sensato es no dejarlos entrar. Todos estos grupos que al mismo tiempo están intentando obtener autorización ambiental no son cuestiones aisladas. Para nosotros es un solo depredador con muchos nombres, y viene por nuestros recursos naturales, sin importar lo que tengan que hacer para sacarlos. No lo dejemos pasar.
- Audiencia Pública sobre Prospección Sísmica llevada a cabo en Maldonado el 5/8/2025. https://www.youtube.com/watch?v=duyBAeepvwI, Presentación Dr. Daniel Gilardoni y Bióloga Paula Laporta.
- Fernando Niggemeyer, Secretario Asociación de Fomento y Turismo Sauce de Portezuelo
- Comunicado de Red Unión de la Costa del 14/8/2025.
- SOS Fauna Marina perfil Instagram @sos.faunamarina
- FM Gente Maldonado @fmgentemaldonado
- Portada Punta del Este @portada.punta
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