Hace unas semanas reflexionaba sobre experiencias y un modelo de acción en conflictos ambientales.
Creo que es importante entender que ha venido cambiando para que, estos nuevos paradigmas ambientales calen tan hondo en una parte de la comunidad.
Hoy día tenemos miembros de la comunidad con un nivel de conciencia ambiental mucho mayor que la que se tenía sobre el fin del siglo pasado.
Es en la década del 70 que comienza, a nivel global, un proceso de concientización sobre el futuro de la tierra, pudiendo tomar como uno de quienes lo iniciaron a Jacques Cousteau, quien en 1979 presenta su Carta de derechos de las generaciones futuras y como primer hito la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992.
Estos procesos de concientización ambiental desarrollados a nivel global empezaron a tener sus efectos a nivel nacional, iniciándose un proceso lento en el cual comienzan a exigirse las autorizaciones ambientales, hasta llegar a legislar en forma más general sobre el tema.
Lentamente empieza a permear en la comunidad, pero sin una rigurosidad científica ni un nivel de información que permitan abordar la problemática en forma eficiente. Es así que la exigencia del cumplimiento de la norma y la conciencia sobre esto era mucho menor que la que existe actualmente.
En los últimos tiempos se ha venido dando una vinculación cada vez más cercana entre la academia y la comunidad. ¿Cuáles fueron los factores que han determinado lo que ha venido pasando?
En mi modesta opinión, si tuviera que definir un primer factor y que resulta determinante, es el inicio, hace casi dos décadas atrás, del proceso de descentralización de la Universidad de la República (UDELAR). Este proceso fue llevándose adelante con la creación de los Centros Universitarios Regionales, los que llevaron a que muchos docentes y estudiantes se establecieran en distintos puntos del país.
Se generaron nuevas carreras orientadas a las necesidades de cada región, logrando una masa crítica universitaria para llevar adelante la docencia, la investigación y extensión a lo largo y ancho del país.
Tener los docentes, investigadores y estudiantes como residentes de la zona, hizo mucho más natural el desarrollar investigaciones a distintos niveles (trabajos de campo, monografías, tesis de grado, de post grado, de doctorado). Ya no eran investigadores y estudiantes que salían de muestreo una vez al mes a una laguna costera (muchos a conocerla en su primera salida de campo), sino que empezaron a ser residentes permanentes o semipermanentes con un grado de conocimiento previo del territorio mucho más importante.
Lentamente esto fue permeando en la comunidad, en la sociedad civil organizada a través de distintas organizaciones o en la participación de organizaciones híbridas como la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce.
Con el pasar de los años fue natural que vecinos, representantes del gobierno y científicos se sentaran en una misma mesa a conversar y pensar los problemas del territorio.
Podríamos hablar de un proceso de democratización del conocimiento científico que fue potenciando las redes que se venían generando a partir de la interacción de los vecinos y su necesidad de organizarse, en un avance de conceptos nuevos como la ciencia ciudadana.
En forma casi contemporánea con el inicio del proceso de descentralización universitaria, aparece la novedad de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS), como el inicio de un proceso de alineación de las políticas ambientales de nuestro país con los nuevos paradigmas globales en tal sentido.
Esto llevó a hablar de planes de ordenamiento territorial, de gobernanzas, de fragilidad ecosistémica, biodiversidad y conservación.
La LOTDS estableció limitaciones inéditas a la propiedad privada y generó herramientas para buscar un desarrollo sostenible.
La llegada de algunos mega emprendimientos, como ser BOTNIA, pusieron en jaque las capacidades del gobierno del momento y dejaron en evidencia las carencias en cuanto a la evaluación y el posterior seguimiento de estos. En ese sentido, desde la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hasta el actual Ministerio de Ambiente, se viene corriendo de atrás, ya sea en cuanto a definiciones políticas, jerarquización de los recursos humanos y herramientas de control y penalización.
La existencia de recursos humanos con amplias capacidades técnicas distribuidos en el territorio por la universidad y sus distintas estructuras distribuidas en regiones, los vecinos organizados, la generación de redes híbridas de vecinos, activistas y científicos (ejemplo Red Unión de la Costa), las nuevas maneras de comunicar, entre otros factores, fueron una mezcla que se fue mejorando hasta que el avance sobre un lugar emblemático como Punta Ballena apareciera en el horizonte y encendiera la mecha.
La práctica es la crítica de la teoría.
La sinergia generada entre el proceso de descentralización universitaria y el desarrollo de un nuevo marco normativo en cuanto lo ambiental hace que la comunidad pueda pararse con argumentos frente a modelos de desarrollo inmobiliario que avanzan sobre el paisaje concebido como un recurso del que pueden apropiarse.
Hoy estamos mucho mejor que ayer: informados, comprometidos, vinculados y, ojalá cada día más, organizados.
LA HERENCIA DEL 2024
El año 2024 termina con un récord de conflictos ambientales y territoriales en el Departamento de Maldonado:
- Punta Ballena: Si bien hizo público el informe técnico contrario a la autorización ambiental, aún el Ministerio no resolvió sobre el caso. Mientras tanto, las presiones de los desarrolladores se intensifican en base a argumentos jurídicos de dudosa legitimidad y al cuestionamiento de los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente, quizás buscando dilatar la decisión final en pos de favorecer un reclamo posterior, aún siendo conscientes de que el proyecto cómo tal, no sería autorizado, y que el recurso presentado con más de 34.000 firmas ante la Junta Departamental tiene altas chances de ser aprobado.
- Arroyo del Potrero: habiendo obtenido la aprobación a sobre cerrado de la viabilidad por parte de la Junta Departamental, la suspensión de las obras por parte del Ministerio de Ambiente y su categorización como B son un golpe inesperado para sus desarrolladores, que, acostumbrados a otras maneras de hacer las cosas, iniciaron las obras sin ningún permiso. Mientras, el reclamo de conservar la característica de “navegable o flotable” para el arroyo inicia su curso legal.
- Laguna del Diario: la Junta Departamental ha recibido de parte de la comunidad organizada recursos administrativos con una sólida justificación, solicitando que no se viabilice un emprendimiento en la zona de 702 lotes con centro comercial, áreas de deportes, etc., bajo el sistema de urbanización en propiedad horizontal. Resulta fundamental que la JDM garantice una gestión transparente e imparcial, especialmente considerando las inquietudes que han surgido en la comunidad sobre las posibles relaciones entre desarrolladores y autoridades locales. Aunque no se cuestiona la legitimidad de dichas relaciones, es imprescindible que se despeje cualquier duda o percepción de influencia indebida, reforzando la confianza pública en el proceso. Al ser la Laguna del Diario un ícono ambiental de nuestro territorio, es más que previsible que vecinos y organizaciones sociales recurran a instancias legales frente a cualquier decisión que se desvíe de la normativa nacional y/o departamental, así como de los criterios de protección ambiental ya establecidos para la zona. En caso de ser viabilizado, el proyecto, enfrentará una muy fuerte resistencia por parte de la ciudadanía en varios frentes, incluyendo en el ámbito del Ministerio de Ambiente y, eventualmente, en la Justicia.
- La Juanita: los vecinos organizados han presentado recursos de revocación de la viabilidad otorgada por la Junta Departamental, lo que sumado a las limitaciones que pudiera interponer el Ministerio de Ambiente complican el futuro del proyecto.
- Balneario Solis: el enrocamiento no autorizado por parte del MTOP de alguno de los barrancos de la costa va a generar sanciones del Ministerio de Ambiente.
- Cuenca de la Laguna del Sauce: Aunque no se discuta abiertamente, el proceso de deliberación en la Junta Departamental sobre el Plan de Ordenamiento Territorial podría poner de manifiesto los diferentes intereses en juego entre el desarrollo inmobiliario y la preservación de la fuente de agua potable de Maldonado.
Es esencial cuestionar el discurso que se ha establecido en torno a la necesidad de seguir construyendo grandes cantidades de metros, otorgando amplias concesiones, basadas en justificaciones cuestionables o insuficientemente fundamentadas, que contraponen la generación de empleo en el departamento al cuidado del medio ambiente, lo cual es una falsa polarización impulsada por determinados sectores con intereses en realizar desarrollos que, por su naturaleza, pueden tener impactos negativos en el ambiente y buscan cobertura en estos discursos con énfasis emocional. Por lo cual, cuidado y atentos: si hay discurso polarizador, detrás es probable que haya un proyecto potencialmente perjudicial para el ambiente.
Esta 'herencia' implica un gran desafío para el 2025. El desafío de la comunidad parece ser mantener el mismo nivel de actividad y vigilancia sobre avances que podrían ser perjudiciales para el ambiente, impulsados por algunos desarrolladores y con la posible permisividad de ciertas autoridades, buscando que, a partir de la experiencia acumulada en el manejo de estos conflictos y el diseño de estrategias adecuadas, se logren avances significativos en la preservación del ambiente y el paisaje como activos naturales.
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