La cal

Cuando encontraron a Amelia Sanjurjo en el Batallón 14, estaba boca abajo. Desnuda. En un lecho de cal. Llevaba casi cincuenta años ahí. La cal, que los perpetradores usaron para acelerar la descomposición y borrar la evidencia, terminó haciendo lo contrario: conservó los huesos. Hay en eso una ironía que ningún novelista se atrevería a escribir porque parecería demasiado.

Los restos de Sanjurjo fueron hallados el 6 de junio de 2023 en la trinchera N.º 405 del Batallón 14 de Toledo, en Canelones. Amelia tenía 41 años cuando la desaparecieron. Era militante del Partido Comunista, trabajaba en una editorial en la Ciudad Vieja. Estaba embarazada. Fue secuestrada el 2 de noviembre de 1977 en un operativo de la OCOA. Su identidad no pudo confirmarse de inmediato: los familiares directos habían muerto, hubo que rastrear ADN en España y en Italia, abrir nichos en cementerios de tres países. El 28 de mayo de 2024, casi un año después del hallazgo, el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, confirmó su identidad en conferencia de prensa: Sanjurjo "fue detenida por resistir a la dictadura civil y militar, trasladada al centro clandestino de detención y torturas La Tablada, y sometida a diversos tormentos que le provocaron la muerte".

El 30 de julio de 2024, el mismo equipo de antropólogos volvió a encontrar restos humanos en el mismo predio, cubiertos por una gran cantidad de cal, cerca de la trinchera donde había estado Amelia. En septiembre de 2024, el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que pertenecían a Luis Eduardo Arigón Castel, militante sindical y político desaparecido desde 1977. Mismo predio. Misma cal. Mismo patrón. El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, fue preciso: el Batallón 14 "fue utilizado como un cementerio secreto para los desaparecidos, con una metodología que evidentemente albergaba el designio de que no fueran encontrados nunca."

La cronología de lo que Uruguay fue encontrando en sus cuarteles es también la cronología de lo que eligió no buscar durante décadas. El primer hallazgo sistemático fue el 29 de noviembre de 2005: los restos de Ubagésner Chaves Sosa, obrero metalúrgico y militante comunista secuestrado en 1976, aparecieron en la Chacra de Pando, un predio bajo custodia de la Fuerza Aérea. Madres y Familiares lo describió así: “Era la dolorosa prueba de que todo lo denunciado era verdad”. Pocos días después, el 2 de diciembre de 2005, se encontraron los restos de Fernando Miranda en el Batallón N.º 13, con un cordel de nylon alrededor del cuello y las manos en posición que sugería haber sido atadas. Luego, años de silencio en los predios. En 2011, el maestro Julio Castro, fundador del semanario Marcha y del Frente Amplio, apareció en el Batallón 14 con signos de tortura y una lesión craneana provocada por arma de fuego. En 2019, los restos de Eduardo Bleier fueron hallados en el Batallón 13. El Ejército había informado en 2005 que sus restos habían sido cremados y arrojados al Río de la Plata. Los restos estaban enterrados a poca profundidad y el hallazgo contradijo las versiones oficiales proporcionadas previamente por el Ejército.

Treinta años después de aquel primer 20 de mayo de 1996, la consigna volvió a decir lo esencial: “30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”.

La Marcha tiene una gramática propia: sin banderas partidarias, sin discursos, sin canto. Solo el paso y los nombres. Es, en su forma, un acto de precisión quirúrgica: se nombra a los muertos, o a quienes todavía no son muertos porque todavía no los encontramos. En esa precisión reside su fuerza y también su límite. Treinta años de ese ritual impecable y los perpetradores siguen sin hablar. La pregunta que la Marcha formula cada mayo lleva tres décadas sin respuesta. En ese punto deja de ser solo una denuncia y empieza a ser un diagnóstico brutal: ¿qué tipo de democracia tolera durante treinta años que quienes saben el paradero de sus ciudadanos desaparecidos puedan elegir no decirlo?

No es una pregunta retórica.

En los primeros años de la transición democrática, parte del sistema político uruguayo sostuvo, explícita o implícitamente, que limitar el juzgamiento de militares podía ser el costo necesario para evitar nuevos levantamientos y consolidar la recuperación democrática. Ese argumento puede discutirse, y muchos nunca lo compartieron, pero al menos respondía a un contexto concreto: un país que recién salía de la dictadura, unas Fuerzas Armadas que todavía conservaban intacta su capacidad para presionar y condicionar al poder político, y un temor real a que esa presión derivara en una nueva ruptura institucional. El problema es que esa capacidad de presión y ese temor desaparecieron hace décadas y, sin embargo, la lógica de impunidad sobrevivió mucho más tiempo que la amenaza que supuestamente la justificaba.

En 1986, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impidió durante décadas el juzgamiento efectivo de militares y policías por crímenes cometidos durante la dictadura y operó, en los hechos, como un mecanismo de impunidad. En 1989, sometida a referéndum, la ciudadanía decidió mantener vigente la ley. En 2009, un plebiscito para anularla no alcanzó los votos necesarios. Las dos veces ganó el no. Es difícil pensar en una forma más prolija, más civilizada, más democrática de construir impunidad.

Hay una pregunta que la democracia uruguaya nunca terminó de hacerse: ¿puede una mayoría votar la impunidad? En 1989 y en 2009, la ciudadanía ratificó en las urnas que los crímenes de la dictadura no serían juzgados. Las formas eran impecables: urnas, padrón, mayoría. La Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió esa pregunta en la sentencia Gelman vs. Uruguay de 2011, con una precisión que el Estado uruguayo todavía digiere: que la Ley de Caducidad haya sido ratificada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional. La desaparición forzada no es un delito sobre el que una sociedad pueda decidir perdonar o no: es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible, y de carácter permanente mientras el paradero de la víctima permanezca desconocido. Votar que no se juzgue no es distinto, en sus efectos, a votar que se permita: en ambos casos, el Estado le dice a sus ciudadanos que hay formas de hacerlos desaparecer sin consecuencias. Una democracia que acepta eso no resuelve su pasado. Lo hereda.

Eso no lo hicieron solo los militares. Eso ocurrió en democracia.

Durante décadas, los archivos de la represión permanecieron dispersos en al menos nueve dependencias del Estado, sin acceso unificado, con un mecanismo de solicitud que incluía la posibilidad de oposición y que desalentaba cualquier intento de investigación. Lo que sobrevivió a ese tamiz —1.218 rollos de microfilm con tres millones de imágenes vinculadas a la represión y al Plan Cóndor— fue transferido al Archivo General de la Nación recién en 2019. Cuarenta y cuatro años después del golpe.

Lo que ese intervalo de silencio contiene no es solo burocracia ni desidia: es una decisión sostenida durante décadas de que ciertas verdades no necesitan circular. La búsqueda avanza con demasiada lentitud, mientras los militares que conocen el destino de los cuerpos envejecen sin decirlo. El Estado uruguayo tiene herramientas institucionales para exigirlo. No las usa con la contundencia que el caso requiere. Eso no es un límite institucional: es una elección.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dictaminó en 2011, en el caso Gelman vs. Uruguay: la Ley de Caducidad era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y "carece de efectos jurídicos" para obstaculizar la investigación de graves violaciones de derechos humanos. El caso tiene un nombre y una historia que no admite abstracción. María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, tenía diecinueve años y estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976. La trasladaron a Montevideo y dio a luz en cautiverio, en el Hospital Militar de Montevideo. Después desapareció. Su hija Macarena fue dejada en la puerta del domicilio de un comisario de policía y creció sin saber quién era. Recuperó su identidad a los 23 años, en enero de 2000. El crimen no fue una aberración del sistema: fue el sistema ejecutando el protocolo establecido.

 Mientras tanto la SCJ incurrió en lo que la doctrina internacionalista denomina la falacia del dualismo defensivo: tratar el derecho internacional de los derechos humanos como un sistema normativo externo, aplicable solo en la medida en que el ordenamiento interno lo recepta, y no como un piso de obligaciones que el Estado asumió soberanamente y que opera con independencia de lo que haga o deje de hacer su legislación doméstica. Para entender el alcance de ese error, hay que situar el momento. En 2011, con la Ley 18.831, el Parlamento uruguayo intentó cerrar la herida que la Caducidad había dejado abierta durante 25 años: restableció la pretensión punitiva del Estado, declaró que los plazos de prescripción no habían corrido durante ese período y reconoció que los delitos cometidos durante la dictadura eran crímenes de lesa humanidad. Era, en términos jurídicos, un intento de alinear el derecho interno con las obligaciones internacionales que Uruguay ya había asumido. La SCJ comenzó a desarticularlo en 2013: en sucesivos pronunciamientos caso por caso, declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de esa ley en cada causa en que fueron planteados, bajo el argumento de que aplicarlos implicaba una retroactividad prohibida por la Constitución.

El problema de fondo no parece meramente técnico sino conceptual: la Corte razonó como si la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad fuera una consecuencia de la Ley 18.831, cuando en rigor existe una interpretación sostenida por parte de la doctrina y de la jurisprudencia internacional según la cual deriva del derecho internacional consuetudinario vigente al momento en que esos crímenes se cometieron. Aplicar retroactividad como objeción en ese contexto supone dar por válida una prescripción que es precisamente lo que estaba en discusión. La Corte IDH ya había cerrado esa puerta en Gelman vs. Uruguay (2011), reafirmando el principio establecido desde Barrios Altos vs. Perú (2001): ningún Estado puede oponer su derecho interno, ni sus leyes, ni sus sentencias, ni sus plebiscitos, para sustraerse de la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos. El resultado concreto fue que decenas de causas que habían sido reabiertas volvieron a cerrarse. Bajo esa interpretación de la SCJ, los hechos dejaban de ser considerados crímenes de lesa humanidad para pasar a ser delitos comunes prescriptos, privando así de sustento jurídico a las acciones penales. Que algunos ministros de la propia Corte lo hayan señalado en votos disidentes no atenúa el problema institucional; por el contrario, sugiere que existían interpretaciones jurídicamente compatibles con el derecho internacional que no fueron adoptadas por la mayoría.

Los juicios y las condenas encontraron a varios represores ya ancianos y enfermos; y ese dato no es menor, porque la demora también puede ser una forma de impunidad. En diciembre de 2025, la justicia uruguaya condenó a nueve militares retirados a penas de entre 13 y 15 años de prisión por los secuestros y torturas sistemáticas cometidos contra residentes de San Javier durante la dictadura, en la causa vinculada al asesinato del médico Vladimir Roslik en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos. Son avances reales. Son también, vistos en perspectiva, una fracción de lo que debería haber ocurrido hace veinte años.

Alba González Souza busca a su hijo Rafael desde el 1 de octubre de 1976, el día que lo desaparecieron en Buenos Aires siendo estudiante de Derecho y militante del Partido por la Victoria del Pueblo. Es una de las fundadoras de Madres y Familiares. En la conferencia de prensa previa a la última Marcha del Silencio fue directa: "Han pasado diferentes gobiernos, comisiones y secretarías. Hemos denunciado una y mil veces en nuestro país y en el exterior. Sin embargo, tanto tiempo más tarde aún no tenemos respuestas." Y agregó, refiriéndose a su exigencia al presidente Orsi para que ordene a las Fuerzas Armadas entregar la información sobre el paradero de los desaparecidos: "La orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones."

La sociedad debe comprender que si desaparecer, torturar y asesinar son actos de infinita crueldad, mantenerlos desaparecidos hasta hoy es la continuación perversa del crimen. El carácter permanente de la desaparición forzada no es una figura jurídica abstracta: es la descripción exacta de lo que ocurre cada día que un represor no habla y el Estado lo permite.

Las desapariciones forzadas , la tortura, y los asesinatos cometidos no terminaron en 1985. Continúan cada día que los responsables eligen el silencio y el Estado lo tolera.

Uruguay se piensa a sí mismo como una democracia ejemplar, y en muchos sentidos lo es. Pero una democracia que lleva más de cincuenta años sin dar respuesta sobre el paradero de sus ciudadanos desaparecidos tiene una herida que ningún índice de libertades civiles termina de medir. La INDDHH (institución nacional de derechos humanos y defensoria del pueblo) informó en mayo de 2026 que son 205 las personas detenidas desaparecidas registradas. El número exacto solo podrá conocerse si los responsables deciden hablar. Llevan más de cincuenta años decidiendo no hacerlo.

Los restos aparecen igual. Ese es el problema de enterrar personas en lugar de decir la verdad: que la tierra, a diferencia de los responsables, no guarda secretos para siempre. La cal preservó los huesos de Amelia Sanjurjo. Meses después, en el mismo predio del Batallón 14, aparecieron en otra trinchera los restos de Luis Eduardo Arigón Castel. El fiscal Perciballe fue preciso: "Este hallazgo evidencia un patrón de enterramiento." 

Personas devueltas desde el fondo de cuarteles militares del Estado uruguayo. Personas identificadas con ADN y pericias forenses. Personas enterradas bajo procedimientos que no fueron improvisados por el azar.

Alguien lo planificó y lo ordenó. Alguien ejecutó esa orden. Alguien sabe. Esos que saben no son pocos, son muchos. Se necesitó mucha gente para secuestrar, torturar y asesinar a tantos uruguayos, y aún más para encubrir esos crímenes.

Son muchos los que callan, una y otra vez, en cada uno de los casos, y ante cada uno de los infinitos reclamos que madres y familiares han realizado.

Cada 20 de mayo, mientras miles caminan en silencio por 18 de Julio, ese silencio resuena en el infinito, buscando volverse justicia para todos los desaparecidos, torturados y asesinados, y en consuelo para sus seres queridos.