Sabemos más de lo que admitimos.
Sabemos, o deberíamos saber, que lo que consumimos tiene costos que no se reflejan en los precios de mercado, porque quienes producen esos bienes o servicios no los asumen, aunque se beneficien de ellos. Los consumidores también se benefician, pero en otra medida y escala, y con pocas alternativas reales para elegir. Sabemos que existen daños que no pagamos directamente y que alguien, si no todos, en algún lugar y en algún momento termina asumiéndolos. Y, sin embargo, seguimos operando como si las cuentas cerraran.
No es ignorancia. Es otra cosa.
La economía, tal como la practicamos, no refleja la realidad de manera completa: ofrece una versión cuidadosamente editada. Los costos y los precios, esas cifras que parecen objetivas y naturales, son en realidad el resultado de decisiones sobre qué incluir y qué dejar fuera. No se trata solo de una cuestión técnica: al seleccionar qué se contabiliza y qué se ignora, se define qué cuenta, qué puede posponerse y qué impactos quedan invisibles, aunque tengan consecuencias reales sobre personas, comunidades y ecosistemas.
Durante décadas, la teoría económica reconoció que existen costos que no se reflejan en el mercado. Arthur Pigou los llamó externalidades: efectos sobre terceros que no son asumidos por quien produce o consume. El concepto es correcto, pero tranquilizador. Sugiere una anomalía, un margen de error, algo que podría corregirse con mejores reglas o ajustes puntuales.
Pero no es tan sencillo; el problema es más profundo. En muchas actividades, lo que queda fuera de los costos y los precios no es necesariamente marginal. En distintos enfoques críticos, se ha planteado que puede tratarse de un rasgo persistente del funcionamiento económico más que de simples excepciones aisladas. En este sentido, la economía contemporánea puede entenderse como un sistema que, en la práctica, opera dejando fuera del cálculo ciertos costos relevantes. Si estos fueran incorporados de manera más completa, por ejemplo, los asociados a la contaminación, la degradación de recursos, el desgaste humano o los impactos de largo plazo, es probable que una parte significativa de las decisiones económicas cambiara. Algunos proyectos podrían dejar de ser viables en sus términos actuales, y los precios de mercado reflejarían de manera diferente esos impactos.
Explotación laboral y costos desplazados
En la industria de la indumentaria existen casos documentados, en distintos contextos internacionales, de trabajo forzado y condiciones de explotación extrema.
En esos contextos, los costos no desaparecen: se desplazan.
Recaen de manera directa sobre los sectores más vulnerables, afectando su salud, sus condiciones de vida y, en situaciones límite, incluso su libertad. Al mismo tiempo, esas mismas dinámicas permiten que ciertos eslabones de la cadena operen con estructuras de costos significativamente más bajas o inexistentes, capturando beneficios que no reflejan plenamente las externalidades referidas.
Lo que llamamos fast fashion es considerado por varios informes internacionales como uno de los grandes campeones mundiales en la externalización de sus costos; sus prácticas son altamente perjudiciales para la naturaleza, de donde extrae una impresionante cantidad de recursos: el equivalente a 86 millones de piscinas olímpicas al año, según estimaciones de UN Environment Programme, y genera, entre otras cosas, alrededor del 9% de los microplásticos que contaminan los océanos. Parte de la información y datos aquí presentados también se basan en la columna digital de Greenpeace titulada “Qué son los basureros textiles del planeta: el daño de la moda rápida del Desierto de Atacama a Ghana” (4 de abril de 2025).
La cadena de impactos que produce esta industria continúa porque, al cerrar el ciclo, el fast fashion, con ciclos de renovación muy cortos y precios bajos o inexistentes, genera una gran cantidad de prendas para descarte. Gran parte se exporta por varias razones: una es continuar la cadena de comercialización; otra, que en mi opinión es más importante, es la de deshacerse rápidamente de esos enormes volúmenes de objetos contaminantes que no podrían ser desechados en los países del primer mundo o cuyo costo de eliminación sería formidable. Por esta razón, muchas veces son exportadas y, en algunos casos, bajo la figura de donación a través de ONGs, la mercadería ingresa a países que las aceptan, con el resultado de que ese lugar funciona como vertedero y destino final, afectando potencialmente a las comunidades y a los ecosistemas locales, donde podrían permanecer durante cientos de años.
Impactos concretos: Chile y Ghana
La escritora y periodista argentina Mariana Enríquez, en su columna del diario Página 12, describe la situación mostrando algunos de los puntos más afectados del planeta por estas prácticas:
“Cada año, Chile recibe 60.000 toneladas de ropa desechada. Es el cuarto importador de textiles de segunda mano del mundo. Alguna de esta ropa se revende, pero al menos 40.000 toneladas se tiran ilegalmente en el desierto. El vertedero queda cerca del municipio de Alto Hospicio: hay pilas en un basural al aire libre, pero además parte se entierra y otra se incinera. Mucha gente dirá, bueno, es solo ropa. Por algún motivo, no tenemos tan claro que la industria de la moda es una de las más sucias del mundo: es responsable del 20% del gasto de agua del planeta y del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la mayor responsable es la moda rápida: ropa barata que se compra y se deja de lado cuando cambian las modas.
En Accra, la capital de Ghana, hay montañas de ropa por todas partes. Ghana es el importador de ropa usada número uno del mundo: llegan casi 15 millones de toneladas por semana, y se conoce a estas prendas como obroni wawu, que quiere decir ‘ropa de blancos muertos’. El mercado de ropa de Accra se llama Kantamanto. Mucha gente trabaja ahí, pero la mayoría está descontenta. En documentales como Textile Mountain, de 2020, uno de las decenas que se pueden conseguir, hay muchos vendedores furiosos porque la ropa que les llega es basura: está rota, manchada o en pésimas condiciones.” (Página 12, Mariana Enríquez, 5/1/2025).
Mientras tanto, alguien, en estos lugares o en otro lugar, está pagando con su salud, su libertad y su vida los mayores márgenes de alguien y las posibles diferencias de precios que los consumidores no pagamos. Lo descripto no es una excepción; este y otros casos mencionados en esta columna son apenas ejemplos, entre muchos posibles, de una lógica que atraviesa sectores, geografías, mecánicas y actividades distintas a nivel mundial.
Economía ecológica y límites
La economía ecológica, impulsada por autores como Herman Daly, insistió en algo incómodo: la actividad económica no ocurre en el vacío, sino dentro de sistemas naturales finitos. Antes, Nicholas Georgescu-Roegen había señalado que todo proceso económico implica degradación de energía y materia, una pérdida irreversible que ningún modelo puede ignorar sin distorsionar la realidad. Estas ideas no son marginales; son conocidas, discutidas y enseñadas. Y, sin embargo, ocupan un lugar periférico en la toma de decisiones.
No porque falte conocimiento, sino porque el conocimiento no es suficiente. Como ha mostrado Sheila Jasanoff, la relación entre ciencia y política no es automática: lo que se sabe no siempre se traduce en lo que se hace. Entre la evidencia y la acción hay instituciones, intereses y estructuras de poder que filtran, ralentizan o bloquean esa traducción. En ese espacio intermedio se consolida gran parte de la economía de lo invisible.
Explotación de recursos naturales en ecosistemas sensibles
En estos casos, el problema no es que los costos sean desconocidos o imposibles de estimar. En muchos contextos, los riesgos son conocidos: afectación de sistemas hídricos, alteraciones en ecosistemas frágiles y posibilidad de daños de largo plazo o incluso irreversibles. El punto es otro: esos costos no forman parte efectiva del cálculo social, ambiental y económico que define la viabilidad de los proyectos.
Una operación minera o de oil & gas suele presentarse como rentable en función de una estructura de costos que incorpora los desembolsos directos (inversión, operación, cumplimiento regulatorio e impuestos).
Sin embargo, en muchos contextos, esa estructura opera dejando fuera, total o parcialmente, los costos asociados a los posibles daños sobre comunidades y sobre bienes cuyo valor excede el ámbito de decisión de quien los explota, como el agua, los ecosistemas y otros recursos colectivos.
Si los proyectos y quienes los autorizan tuvieran que incorporar de manera realista todos los costos de los daños que podrían generar, muchos jamás se ejecutarían. Incluso desde una lógica puramente económica, desvinculada de ética o valores sociales, la mayoría no solo dejaría de generar beneficios: produciría pérdidas extraordinarias que ninguna empresa podría o querría asumir. Internalizar adecuadamente los impactos sobre el ambiente y las comunidades cambiaría radicalmente la ecuación financiera, haciendo que los números fríos ya no justificaran la inversión.
Y, sin embargo, avanzan.
No porque el daño no exista, ni porque no pueda anticiparse en términos generales, sino porque existe un marco institucional que lo permite. Las decisiones públicas no operan en el vacío: priorizan ciertos objetivos, ingreso de divisas, actividad económica, desarrollo regional, y establecen qué costos son exigibles y cuáles quedan fuera o son tratados como secundarios. En ese proceso intervienen estructuras de incentivos, limitaciones de información y marcos regulatorios que pueden influir en la forma en que se ponderan los riesgos y beneficios de cada proyecto.
No es necesario negar el valor de los ecosistemas para que esto ocurra. Basta con que su protección no sea el criterio dominante en la decisión.
Opacidad y responsabilidad difusa
Debe considerarse, además, que la opacidad es un factor recurrente en este tipo de dinámicas. Cuando los costos relevantes no forman parte del cálculo económico de quien se beneficia, no desaparecen: se trasladan. Terminan siendo asumidos por la comunidad, muchas veces sin plena conciencia ni posibilidad efectiva de evitarlo.
Cuando estos costos se distribuyen en el tiempo y entre múltiples actores, no solo se dificulta su percepción: también se debilitan los mecanismos de control. La dispersión de sus efectos, la complejidad técnica y la falta de visibilidad reducen la capacidad de identificar responsabilidades y de intervenir de manera efectiva.
No hace falta ocultar completamente los costos. Basta con que no sean determinantes. Que estén lo suficientemente lejos, en el espacio o en el tiempo, como para no interferir en la decisión inmediata. Que aparezcan como un problema difuso, distribuido, difícil de atribuir.
El sistema no necesita ignorancia total: le alcanza con una atención fragmentada.
Por eso, la idea de un consumidor plenamente informado y libre se acerca más a una caricatura que a una descripción fiel del funcionamiento real del sistema. No elegimos en un vacío. Elegimos dentro de un entorno que organiza lo visible y lo invisible, que define qué información está disponible, qué alternativas son accesibles y qué costos quedan fuera del campo de decisión. La responsabilidad individual existe, pero opera sobre un terreno previamente configurado.
Lo que no entra en la cuenta
Hay algo más incómodo todavía: sabemos. No todo, no siempre, no con precisión. Pero sabemos lo suficiente. Sabemos que nuestras acciones tienen un costo que no estamos pagando directamente.
Sabemos que hay impactos ambientales, sociales y humanos que no estamos asumiendo.
Y aun así, seguimos consumiendo, produciendo e invirtiendo como si esa ausencia fuera irrelevante.
No es hipocresía en un sentido simple. Es una forma de adaptación.
El sistema no se sostiene porque las personas crean ciegamente en él, sino porque permite funcionar a pesar de sus inconsistencias. Porque ofrece beneficios reales, comodidad, acceso, velocidad, que no son triviales. Porque cambiarlo implicaría alterar no solo reglas abstractas, sino prácticas cotidianas profundamente arraigadas.
Y, sobre todo, porque distribuye la responsabilidad de manera difusa. Todos participamos, pero no todos decidimos. Todos estamos implicados, pero no en la misma medida. Hay actores con mayor capacidad de definir qué entra y qué queda fuera del cálculo: empresas globales, Estados, instituciones que establecen marcos de medición. El costo no es solo un número: es el resultado de una arquitectura de decisiones.
Pensarlo de otro modo implica incomodar certezas. Implica reconocer que la eficiencia económica no es neutral: depende de qué se mide y qué se excluye. Que el crecimiento no es un indicador suficiente si no incorpora sus efectos. Que la innovación, por sí sola, no corrige dinámicas que responden a incentivos más profundos.
Y, sobre todo, implica aceptar que no hay una solución simple. Incorporar completamente lo invisible en el sistema no es un ajuste técnico menor: es una transformación que afectaría precios, hábitos y estructuras productivas. Por eso, muchas de las respuestas quedan a medio camino: regulaciones parciales, intentos de internalizar algunos costos, métricas alternativas que conviven con las tradicionales sin reemplazarlas del todo.
Nada de eso es irrelevante. Pero tampoco resuelve la tensión de fondo. Porque la pregunta no es solo cuánto de lo invisible podemos incorporar, sino cuánto estamos dispuestos a cambiar para hacerlo. Y esa no es una pregunta únicamente económica: es política, social, cultural e individual.
Mientras tanto, el sistema sigue funcionando, con precisión dentro de sus propios parámetros, apoyado en una base que no aparece en sus cuentas: costos desplazados, impactos diferidos y realidades que sostienen el funcionamiento sin formar parte explícita de él.
Tal vez por eso la incertidumbre y las tensiones de los sistemas persisten y aumentan. No estamos frente a un error corregible fácilmente, sino frente a una forma de organizar la realidad que requiere que una parte permanezca fuera de cuadro. Y, en algún nivel, lo sabemos.
No somos completamente ignorantes.
Pero tampoco somos completamente inocentes.
En algún momento tenemos que asumir que ese sistema al cual nos referimos somos nosotros mismos. Ese sería el verdadero punto de partida de una transformación individual y colectiva.
1. Arthur Pigou – Concepto de externalidades en economía: efectos sobre terceros no asumidos por productor o consumidor.
o Pigou, A.C. (1920). The Economics of Welfare. London: Macmillan.
2. Greenpeace – Columna digital sobre basureros textiles y moda rápida, con datos sobre consumo de recursos y problemas ambientales.
o Greenpeace Argentina (4 de abril de 2025). Qué son los basureros textiles del planeta: el daño de la moda rápida del Desierto de Atacama a Ghana.
3. UN Environment Programme (UNEP) – Estimaciones sobre consumo de agua y contribución a microplásticos de la industria textil.
o UN Environment Programme (2023). Textile industry resource use and microplastics statistics. Copyright © 2023 United Nations Environment Programme.
4. Mariana Enríquez – Escritora y periodista argentina que describe situaciones concretas de vertederos textiles en Chile y Ghana.
o Enríquez, M. (5 de enero de 2025). Columna en Página 12. (Citada en Greenpeace).
5. Herman Daly – Economista ecológico, destacado por su trabajo en economía del estado estacionario y límites biofísicos de la actividad económica.
o Daly, H.E. (1977). Steady State Economics. Washington, D.C.: Island Press.
6. Nicholas Georgescu Roegen – Economista que argumentó que los procesos económicos implican degradación irreversible de materia y energía.
o Georgescu Roegen, N. (1971). The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, MA: Harvard University Press.
7. Sheila Jasanoff – Académica en Estudios de Ciencia y Tecnología, examina cómo el conocimiento científico se traduce (o no) en decisiones políticas.
o Jasanoff, S. (1990). The Fifth Branch: Science Advisers as Policymakers. Harvard University Press (y otras publicaciones relevantes sobre ciencia y política).
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