El lunes 17 de marzo, se sometió a votación en la Junta Departamental de Maldonado el proyecto de decreto para declarar a Punta Ballena como reserva natural departamental. La iniciativa promovida por el movimiento Somos Punta Ballena y respaldada por 34.005 firmas de electores de Maldonado.
Casi al final del plazo de 60 días que disponía la Junta para aprobar el proyecto, luego de un proceso intenso de análisis y de búsqueda de consensos, la Comisión Especial creada a estos efectos llegaba al plenario de la Junta con un texto que era aceptado por los distintos partidos y los representantes del Movimiento.
Con las barras repletas como pocas veces se ha visto, con un retraso inexplicable de 90 minutos, sobre las 21:30 hs. Verónica Robaina, Presidenta de la Junta, daba por iniciada la sesión.
A pesar de que era conocido el acuerdo logrado, distintos ediles hicieron uso de la palabra con intervenciones más o menos preparadas, algunas leídas, que poco aportaban por intrascendentes o repetitivas, sobre una cuestión acordaba.
Sorprendía cómo se llegaba en forma casi rigurosa al tiempo disponible para la exposición y también de las prórrogas, las que casi automáticamente se aprobaban por unanimidad.
Se veía al edil Adolfo Varela, Presidente de la Comisión Especial que trabajó en el decreto, entrar y salir de sala y acercarse a la mesa preguntando cuantos ediles quedaban aún por intervenir. Afortunadamente, un edil propuso una Moción de Orden para cerrar la lista de oradores cuando quedaban 2 ediles anotados, lo que permitió avizorar finalmente que el momento de la votación llegaba.
Una tensa calma se mantenía entre el público que ya se había mostrado impaciente en la demora del inicio, pero que luego mantuvo un respetuoso y expectante silencio, buscando evitar cualquier incidente que llevara a la suspensión de la sesión.
Agotada la lista de oradores luego de las últimas intervenciones, Verónica Robaina sometió a votación el proyecto de Decreto, que obviamente fue aprobado por unanimidad, haciendo que las barras estallaran en aplausos que contagiaron a los ediles que inmediatamente comenzaron a aplaudir.
Con alegría el público desalojó las barras en el medio de abrazos, saludos, reconocimientos y apretones de manos.
Esta parte de la lucha por una Punta Ballena natural y libre de edificaciones cerraba un capítulo importantísimo.
LA PRIMERA UNANIMIDAD
Luego de una larga negociación entre los sucesores de Antonio Lussich y el gobierno departamental encabezado entonces por Oscar de los Santos, en 2012 se llegaba a un acuerdo transaccional por el cual los privados ceden determinados espacios al gobierno departamental y se les autoriza a llevar adelante un proyecto inmobiliario diseñado por el Arq. Julio Plottier, con 37 bloques de departamentos. Luego de distintas instancias, este acuerdo se firma el 24 de julio de 2014.
En teoría beneficioso para la población, quedaba sujeto a la condición de obtener la Autorización Ambiental Previa por parte del gobierno nacional.
En enero de 2015, el acuerdo es enviado a la Junta Departamental para su consideración, y termina siendo aprobado el martes 8 de agosto de 2017, ya en el gobierno del Ing. Agr. Enrique Antía, sin discusión y por unanimidad (31 en 31), fundamentando su voto solo 3 ediles.
CARAMBA… ¿QUE CAMBIÓ?
Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasó para qué, por unanimidad, se apruebe un proyecto inmobiliario y casi 8 años después se apruebe una iniciativa que prohíbe construir en los mismos padrones?
Es probable que, al acordar la dependencia de la transacción de la aprobación ambiental, los negociadores iniciales no anticiparan el desenlace ante el recientemente creado Ministerio de Ambiente.
El proyecto incorporado a la transacción preveía 37 bloques en lugar de los 29 presentados ante el Ministerio de Ambiente. El proyecto había sido “mejorado” según la visión del desarrollador y pretendía incorporar acciones que ayudaran a la preservación de la biodiversidad de Punta Ballena. El proyecto inmobiliario se presentaba como la solución a un problema.
Primero con las respuestas a la puesta en manifiesto del IAR en noviembre de 2023, y luego con las exposiciones en la Audiencia Pública del 29 de abril de 2024, los argumentos a favor del proyecto fueron refutados por las presentaciones de académicos y vecinos.
Un punto no menor de toda la discusión estaba centrado en si el proyecto cumplía o no con las normas de ordenamiento territorial. Durante el proceso de negociación del acuerdo entre los desarrolladores y la Intendencia, distintos informes e intervenciones de expertos presentados por los interesados argumentaban que el cambio propuesto no constituía un nuevo fraccionamiento, sino un reparcelamiento. Esta disquisición semántica entre expertos podría haber tenido como efecto que el proyecto de fraccionamiento no estuviera incluido dentro de las restricciones actuales en la costa.
Gracias a la exposición pública que tuvo el proyecto y a profusas presentaciones en las respuestas a la puesta de manifiesto y en la audiencia pública como las del Arq. Ligrone, el Dr. José Sciandro y el entonces edil Joaquín Garlo, quedaba demostrado que lo propuesto no estaba de acuerdo con las normas de ordenamiento territorial.
Más aún, la primera posición de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial enviada al Ministerio de Ambiente en respuesta a un requerimiento inicial, ante la contundencia de las presentaciones y exposiciones, debió ser revisado en un segundo informe luego de la Audiencia Pública. Este segundo informe sentó las bases para que una simple respuesta de la Dirección de Catastro sentara las bases que demostraron el incumplimiento del proyecto de las normas de ordenamiento territorial.
La importancia de la participación comunitaria quedó demostrada en el aporte de elementos que no habían sido considerados vaya uno a saber por qué.
Una misma Junta Departamental, bajo un gobierno del mismo signo, adoptó una postura opuesta en distintos momentos, manteniendo una composición similar y con la participación recurrente de algunos de sus integrantes como oradores.
Claramente lo que pasó fue que la comunidad reaccionó. Se unió, se expresó, se organizó, planificó y ejecutó con un timing impensado su estrategia, que terminó con un resultado que solo los más optimistas imaginaban.
La comunidad hizo lo que el Estado, en sus distintos niveles, no logró resolver. Surge una pregunta, ¿Por qué el Estado, teniendo los recursos y la información necesarios, no abordó este problema de manera efectiva?
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