Existe una curiosa asimetría en la forma en que observamos el poder. Examinamos permanentemente los intereses que operan detrás de empresas, gobiernos, partidos políticos o medios de comunicación. Sin embargo, tendemos a otorgar una protección especial a las instituciones productoras de conocimiento, como si el conocimiento las colocara por encima de las disputas por influencia, recursos o capacidad de orientar decisiones.
El pensamiento crítico moderno parece encontrar un límite particular cuando el objeto de análisis es el propio conocimiento. Sospechamos del político, del empresario, del mercado y de los medios. Nos preguntamos quién se beneficia, qué intereses están en juego y qué incentivos operan detrás de cada decisión.
Mucho menos frecuente es aplicar ese mismo examen a quienes producen las ideas, los diagnósticos y los marcos conceptuales desde los cuales interpretamos la realidad.
Quizás porque seguimos asociando conocimiento con neutralidad. Como si el saber pudiera quedar al margen de las dinámicas de influencia, competencia y poder que reconocemos con naturalidad en otras instituciones humanas.
Universidades, centros de investigación, disciplinas e investigadores participan de una competencia permanente por financiamiento, reconocimiento, espacios de influencia, acceso a quienes toman decisiones y capacidad para definir qué problemas reciben atención.
No se trata de una anomalía. Se trata de una consecuencia natural del valor que tiene el conocimiento en las sociedades contemporáneas. Porque el conocimiento no es solamente una herramienta para comprender el mundo. También es un recurso estratégico, una fuente de autoridad y uno de los activos más importantes y transables de nuestra época. Produce prestigio, recursos, influencia, acceso a los centros de decisión y capacidad para orientar prioridades colectivas.
La modernidad nos acostumbró a imaginar al experto como un observador externo, alguien que contempla la realidad desde una posición privilegiada y la describe con objetividad. Sin embargo, los observadores también habitan el sistema que observan. Las ideas que producen influyen sobre decisiones económicas, tecnológicas, ambientales y políticas.
Esa condición no invalida el conocimiento. Lo que invalida es la ilusión de neutralidad absoluta. Porque nadie observa el mundo desde fuera de la historia. Nadie produce conocimiento desde un lugar completamente ajeno a los incentivos, las prioridades y las disputas de su tiempo.
La mayor expresión de poder derivada del conocimiento no consiste únicamente en su producción. Consiste en participar en la transformación de las prioridades de una época en problemas investigables y en la producción de conocimiento que adquiere reconocimiento suficiente para orientar decisiones.
Rara vez nos preguntamos de dónde provienen las prioridades que organizan una época. Tendemos a asumirlas como naturales. Sin embargo, toda época concentra recursos, atención y capacidad institucional sobre determinados objetivos mientras relega otros. Algunas prioridades nacen de problemas concretos. Otras de incentivos económicos, aspiraciones políticas, posibilidades tecnológicas o visiones particulares del desarrollo. Lo importante no es su origen. Lo importante es comprender cómo algunas de ellas adquieren la capacidad de organizar la producción de conocimiento y otras no.
Durante décadas se movilizaron enormes recursos intelectuales para responder cómo producir más, cómo crecer más, cómo extraer más, cómo acelerar más, cómo aumentar la eficiencia y cómo expandir capacidades tecnológicas.
No fueron necesariamente las únicas preguntas posibles.
Surgieron de prioridades económicas, políticas, tecnológicas y sociales que concentraron buena parte de los recursos y la atención de su tiempo. Las instituciones productoras de conocimiento participaron activamente en la transformación de esas prioridades en problemas investigables y en la producción de conocimiento destinado a abordarlos.
Pero el poder no termina allí. Tampoco consiste únicamente en producir conocimiento. Consiste también en influir sobre los criterios mediante los cuales determinadas ideas adquieren validación, son consideradas confiables y terminan orientando decisiones colectivas.
Porque entre un conocimiento posible y un conocimiento legitimado existe una diferencia fundamental. El primero puede existir. El segundo adquiere capacidad para influir sobre políticas públicas, estrategias empresariales, inversiones, regulaciones y formas de organizar la vida social.
Cuando una institución productora de conocimiento y las comunidades expertas que operan dentro de ella contribuyen a transformar determinadas prioridades en problemas investigables, definen qué evidencias resultan relevantes y participan en la producción de conocimiento que luego adquiere reconocimiento institucional, no solamente producen conocimiento. También participan en la construcción de las decisiones que ese conocimiento terminará orientando.
Y cuando esas decisiones afectan economías, territorios, recursos naturales, tecnologías o políticas públicas, la discusión deja de ser exclusivamente intelectual.
El problema no reside únicamente en los conocimientos producidos. También reside en aquello que quedó subordinado frente a las prioridades que los impulsaron. A veces fueron efectos sociales, concentraciones de poder, dependencias tecnológicas, vulnerabilidades institucionales, riesgos financieros, consecuencias ambientales o impactos que simplemente permanecieron fuera del campo de visión dominante. Lo que quedó relegado varía según cada época. Lo constante es la lógica mediante la cual algunas prioridades ocupan el centro de la escena mientras otras permanecen en los márgenes.
Muchas de las dificultades que hoy enfrentamos no nacieron necesariamente de conocimientos equivocados. Nacieron de prioridades que colocaron determinados objetivos en el centro de la escena mientras desplazaban otros hacia los márgenes.
La cuestión adquiere una dimensión todavía más compleja cuando observamos que las instituciones productoras de conocimiento no operan aisladas. Universidades, centros de investigación, organismos técnicos, empresas, gobiernos y fundaciones forman parte de redes cada vez más interconectadas. Esa interacción ha producido avances extraordinarios. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿cómo se preserva la capacidad crítica cuando quienes producen conocimiento, quienes lo financian, quienes lo validan y quienes lo utilizan participan de ecosistemas cada vez más integrados?
El problema no es la colaboración. El problema aparece cuando la proximidad reduce la capacidad de cuestionamiento. Cuando quienes producen conocimiento, quienes lo financian, quienes lo validan y quienes lo utilizan comienzan a formar parte de circuitos cada vez más integrados, la función crítica tiende a debilitarse y la función de validación tiende a fortalecerse.
A mediados del siglo XX, el sociólogo estadounidense Robert K. Merton intentó responder una pregunta fundamental:
¿qué condiciones debía reunir una comunidad científica para producir conocimiento digno de confianza?
Su respuesta no se apoyó en la inteligencia de los investigadores ni en el prestigio de las instituciones. Se apoyó en un conjunto de principios que, a su juicio, debían orientar el funcionamiento de la ciencia moderna: universalismo, comunalidad, desinterés y escepticismo organizado.
La ciencia moderna construyó buena parte de su prestigio sobre ideales exigentes. Universalismo, porque las ideas deberían evaluarse por su mérito y no por el poder o la posición de quienes las formulan. Comunalidad, porque el conocimiento debería ser compartido y sometido al examen de otros. Desinterés, porque la búsqueda de conocimiento debería prevalecer sobre los beneficios particulares. Y escepticismo organizado, porque ninguna afirmación debería quedar exenta de revisión crítica.
El problema no aparece cuando esos principios existen. El problema aparece cuando asumimos que su sola existencia garantiza que siempre estarán presentes.
Ninguna comunidad experta existe completamente al margen de los sistemas de incentivos que la rodean. Financiamiento, reconocimiento, acceso a redes de influencia, participación en organismos, consultorías, cargos académicos o espacios de decisión forman parte del ecosistema dentro del cual se desarrolla la actividad intelectual.
Toda estructura de incentivos tiende a favorecer determinadas trayectorias, enfoques y prioridades por encima de otras. Con el tiempo, algunas perspectivas acumulan recursos, reconocimiento y capacidad institucional. Otras permanecen en los márgenes.
Ciertas formas de formular los problemas resultan sistemáticamente más compatibles con los incentivos del sistema que otras.
Merton comprendió que la confiabilidad del conocimiento dependía de la existencia de mecanismos capaces de someterlo a revisión permanente. La pregunta pendiente es qué ocurre cuando las comunidades expertas y los individuos que las integran participan al mismo tiempo de los sistemas de incentivos, prioridades y relaciones de poder que ese conocimiento terminará legitimando mediante las decisiones que contribuye a justificar.
Lo que una sociedad debería examinar no son solamente las intenciones de las personas o las instituciones. Debería examinar también las estructuras de incentivos, los mecanismos de validación y las relaciones de poder dentro de las cuales esas intenciones operan.
Porque si el conocimiento se ha convertido en una forma de poder, resulta razonable preguntarse qué mecanismos permiten someterlo al mismo nivel de examen crítico que exigimos para cualquier otro poder.
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